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Una Nueva Dimensión Relacional

El cambio de políticas en nuestro país, por el cual los municipios a partir de los ‘90 producen una redefinición de sus roles y por lo tanto de los gobiernos provinciales, incide notablemente en las administraciones municipales; debido a que éstas tenían, fundamentalmente, acciones operativas, eran ejecutoras de políticas en general producidas por niveles superiores (sobre todo en aquellas que integraban áreas urbanas metropolitanas o son capitales provinciales). Hoy estas reformas estructurales han permitido un mayor protagonismo de sus acciones, pero a veces no han sido acompañadas de políticas planificadas, en conjunto, con otros municipios; como en el caso del Gran Mendoza, en donde los estados municipales comparten una misma realidad y necesitan de políticas comunes.

El rápido proceso de urbanización que van sufriendo las ciudades, y sus áreas periféricas, ha ocasionado la actual crisis de identidad y de una dirección concreta en cuanto al diseño de esas ciudades. Esta situación ha producido consecuencias negativas, sobre todo por la falta de presupuesto; pensemos que el retiro del Estado nacional o provincial no ha sido acompañado por el aumento de presupuesto en los municipios.[1]

La ciudad de Mendoza -el Gran Mendoza-, está incorporada en un proceso de desarrollo constante de la metrópolis. Así, aquellos que la administran, deben tomar decisiones que respondan a una multiplicidad de acciones que la conforman y la dinamizan a diario. Esta multiplicidad de acciones no tiene respuestas o decisiones unidireccionales, que tampoco son de competencia sólo municipal.

Varios ejemplos. Uno de ellos fue la decisión del cambio de dirección de la calle Morón que afectó al Municipio de Guaymallén. Como resultado de este proceso de mayor posibilidad de decisión, y menores recursos, se generó una mayor incidencia en el uso del suelo y en las actividades a incorporar por actores extraños a los equipos municipales, y fueron las inmobiliarias y las empresas constructoras las que tomaban las decisiones en general sobre los mejores terrenos ubicados en espacios de gran incidencia económica; produciendo, en muchos casos, desequilibrios que perjudicaban áreas especialmente importantes en el desarrollo futuro de esas comunas.

Otro caso es el de los edificios con alturas desmedidas, que perjudican y por lo tanto le quitan valor a los terrenos y edificaciones colindantes. Concretamente: el Hotel Sheraton en la ciudad Capital, el Hotel Meliá (Shopping en Guaymallén), o los edificios en altura en Godoy Cruz, sobre calle Irigoyen (límite de frontera entre Capital y Godoy Cruz). En este asunto, dentro de los procesos de transformación de la ciudad, vemos que las respuestas espaciales y de generación del espacio público ha surgido de las concreciones arquitectónicas o de proyectos de escala media que han conformado intervenciones posibles, y que no han sido determinadas por proyectos de planificación, sino de intervenciones o decisiones externas a los que administran a diario nuestro territorio.

El ejemplo del Shopping de Mendoza, ubicado en Guaymallén, de Palmares Open Shopping de Godoy Cruz, de edificios como el Da Vinci (por el cual se realizó la intervención sobre Plaza Chile), o el supermercado Carrefour en Guaymallén (en calle Arenales y lateral de Acceso Este) nos permite observar que debemos identificar, a través del análisis de las distintas variables, las tendencias existentes que denoten orientaciones para incorporar pautas de transformación en respuestas que direccionen fundamentalmente esas tendencias hacia nuevas posibilidades concretas de acciones o flujos.

Existe una incapacidad del Estado para ver el valor de la elección del terreno, esta es una de las variables más importantes para el desarrollo de una propuesta, y no es cualquier espacio posible el que tiene la posibilidad de ser ocupado o conquistado por cualquier política pública. Los espacios vacíos, sin definición, son reservas de los futuros usos de las ciudades. Esto debería ser totalmente definido en conceptos y propuestas por una jurisdicción superior a la municipal. Esos espacios deben estar regulados dentro del marco estratégico del plan de usos del suelo, en el contexto de un proyecto posible de desarrollo de la ciudad, o área de la ciudad, o parte de la metrópolis.

Las últimas tendencias urbanísticas pretenden ampliar considerablemente la realización de espacios públicos y, por supuesto, de intensificar su uso social. Los espacios abiertos y de uso plural conllevan a una mayor socialización de los individuos, por lo tanto a su reconocimiento como vecino; posibilitando la identificación de personas extrañas al entorno, ayudando a comprender decisiones de aquellos que administran, y de que los que administran puedan reconocer las necesidades reales de los vecinos.

Estas decisiones no sólo deben ser tomadas sobre los espacios vacíos, sino también en aquellos espacios construidos y que se encuentran sub-ocupados por organismos del Estado, por empresas en franca disolución que aun así ocupan lugares estratégicos; hechos que los hacen más factibles de ser usufructuados por las decisiones del mercado o de los gobiernos, con gran apetencia de obra pública sin planificación y en situaciones que impulsan a no estar dispuestos a correr con los costos de un terreno en la ubicación, según su actividad.

Podríamos nombrar aquí a los terrenos del club Timarai, o del Circulo Policial, o de los edificios de Bancos disueltos (Banco Mendoza, Banco de Previsión Social). Los terrenos aledaños a la Universidad Tecnológica, los del Parque General San Martín (visión en general de espacio a ser conquistado por nuevas actividades), los terrenos de los F.F.C.C., los depósitos municipales, las zonas industriales en decadencia. Estos espacios, en algunos casos, hoy podrían mantener su rol; pero evidentemente no su escala, debido a que por su posición siguen siendo definitivamente acertados su usos pero en una escala menor.

Un buen ejemplo es la Estación de Ómnibus de Mendoza, que debería ser redefinida como un nodo de trasbordo o un centro de conexión intermunicipal del gran Mendoza, en contacto con una futura estación de ómnibus de transporte nacional e internacional; con una ubicación estratégica en el marco de una redefinición del transporte público. La nueva escala, de la estación existente, debería permitir el cambio de ómnibus intermunicipal a escalas menores, que ingresen a los distintos espacios municipales sin incidir en las calles actuales. Es decir: sería un centro de transferencia y filtro de la mediana escala a la pequeña. Esto permitiría repensar que esa nueva estación de ómnibus, para transporte nacional e internacional, debería ubicarse en un sitio que por la dimensión de la actividad actual y futura disminuyese su influencia negativa sobre sectores como el que se genera hoy en el nudo Costanera - Vicente Zapata. La reutilización de estos espacios para nuevas acciones nos permitiría identificar vías de acceso que también habría que redefinir en el marco de nuevos cambios de jurisdicciones.

En este marco consideremos la ubicación de la cárcel, o del casino, o de los hoteles con préstamos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, o la Legislatura, o las escuelas, o las oficinas públicas, etc. Las dependencias en galpones en desuso como la ubicación de la DOADU, el ITIEM o la del Ejército Argentino, en espacios que hoy no son estratégicos para la defensa de nuestras fronteras y sí para la expansión de áreas verdes que mejoren las condiciones ambientales de nuestras ciudades.

 

De acuerdo a lo planteado habría dos ámbitos que modificarían la posibilidad de la toma de decisión sobre cómo intervenir en nuestras ciudades. El primero sería a través de la reutilización de los vacíos urbanos, produciendo la introducción de espacios públicos que potencien sus áreas aledañas; el segundo, el de un cambio de relaciones jurisdiccionales que permita que las decisiones sobre ciertos elementos que componen una ciudad (como calles, avenidas, espacios públicos, vacíos urbanos, edificios con subocupación etc.), deban ser pensados desde una visión totalizadora o que comprenda varias jurisdicciones.

Los sectores identificados y seleccionados deben ser reelaborados a través de intervenciones que potencien áreas, y que éstas se transformen en polos propulsores, permitiendo la recuperación de zonas deprimidas. La identificación de la escala del problema, y de la escala a recuperar como concepto, es un análisis importante a realizar frente a cualquier acción. La necesidad de entender, desde una nueva dimensión posible y acotada, la gran dimensión de la ciudad “metropolizada” debe posibilitar la comprensión de elementos impulsores que promuevan la vinculación de esas decisiones a cambios concretos.[2]

Otros casos interesantes a analizar son la peatonalización de la Calle Sarmiento y el Parque Central en los terrenos del F.F.C.C., en los que la Municipalidad de Capital (a través de un concurso público) realizó una intervención desde su área de planificación; reutilizando espacios en desuso con nuevas acciones que responden a las necesidades de un área con alta densidad poblacional.

El espacio público debe entenderse como lugar de resolución de la compleja relación de lo público y lo privado. Como elementos que potencien zonas deprimidas o degradadas. Pensar en una nueva valoración de los espacios privados, en función de la introducción de espacios públicos que responden a la inclusión social y cultural. Evaluar la necesidad de crear políticas metropolitanas interviniendo a través de la introducción de inversiones en espacios contemporáneos, con repuestas a la multiplicidad de acciones; valorizando al espacio público, la calidad vial, en corto tiempo de gestión y ejecución.

Debemos tender a que las normativas municipales dejen de ser neutrales, sino que, por el contrario, marquen las tendencias del desarrollo urbano. Existe una incapacidad del Estado para que los vacíos urbanos mantengan su definición en el tiempo, considerándolos como elementos importantes en el futuro crecimiento de nuestras ciudades.

Otros de los elementos a tener en cuenta son la división estratégicas de la jurisdicción de calles (o avenidas, o rutas) que dependen de organismos provinciales; en el marco de medidas municipales. O al revés: donde los municipios regulan calles que son importantes como vías de comunicación territorial o intermunicipal y son administradas por ellos en forma totalmente separada, o fragmentada. Un caso es la calle Paso de los Andes que en Godoy Cruz -Joaquín V González-, o en las Heras -Paso de Los Andes- va cambiando de dirección, de dimensiones, o se incomunica en algunos tramos, como en Las Heras; y en gran parte de su extensión es una vía de velocidad constante y regulada a 55 km/h.

Las ciudades necesitan de acciones concretas de acuerdo al rol estratégico que las tendencias actuales van marcando, pero, además, que en las decisiones de un plan territorial se promuevan como acciones.

Es pertinente, entonces, preguntarnos: con la posibilidad que nos da esta Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del suelo, ¿no deberíamos repensar una nueva dimensión relacional del Estado provincial y el municipal?; ¿deberíamos realizar una recalificación de la identidad de los vacíos urbanos en el área metropolitana?; ¿es preciso un cambio de jurisdicción como estrategia para el desarrollo de la ciudad “metropolizada”?; ¿Es posible reglamentar la actividad, una vez identificados, de los espacios neutros que están por disolverse en virtud de su actividad?; ¿se debería reasignar el futuro de los espacios construidos hace años, o con subocupación u ocupación de oportunidad, que se ubiquen en lugares estratégicos para el desarrollo de las ciudades? Son muchos interrogantes que esperan respuestas. 

[1] Maria Laura Pagani. Directora de vinculación de Políticas Públicas y Capacitación Municipal de La Plata. “El cambio organizacional y la política formativa: análisis de una experiencia local”.

[2] Alberto Varas. “Buenos Aires: una trilogía metropolitana”. Editorial Nobuko. Bs. As.